Este miércoles, legisladores manifestaron su inquietud ante lo que denominaron el "silencio cómplice" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) frente a la auto extensión de mandato por parte de las principales autoridades judiciales. Han remitido una petición al Órgano Electoral solicitando que clarifique su posición mediante un informe escrito.
Bolivia 04 de abril de 2024
Redacción
"El silencio cómplice del Órgano Electoral nos preocupa profundamente. Por esta razón, nosotros, como representantes del pueblo en la Cámara de Diputados, hemos formulado una petición para obtener un informe escrito", expresó el diputado Ángelo Céspedes, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS).
La solicitud incluye preguntas específicas dirigidas al órgano electoral, indagando sobre:
La posible emisión de una resolución por parte del TSE que apruebe o rechace las acciones de auto extensión de mandato amparadas por la sentencia constitucional 049/23.
Si el TSE ha otorgado credenciales u otro tipo de documentación legal que avale la auto extensión de mandato.
La posición legal del TSE frente a la sentencia constitucional 049/23, y si ha emitido alguna declaración o documento en relación a lo dictaminado en dicha sentencia.
A raíz del vencimiento del mandato de los magistrados el 2 de enero, y ante el fracaso en el proceso de elecciones judiciales de 2023, las autoridades judiciales decidieron extender su periodo en funciones hasta la selección de nuevos cargos, una decisión calificada como ilegal tanto por la oposición como por sectores del MAS.
"Queremos advertir al pueblo boliviano que, si desde el TSE se ha emitido alguna resolución o declaración en apoyo a la auto extensión de mandato, se estaría incurriendo en una ilegalidad. De confirmarse esta anomalía a través de nuestra solicitud de informe, procederemos a iniciar las acciones legales pertinentes", señaló Céspedes.
Recientemente, el Senado desaprobó la auto extensión de mandato de los magistrados mediante una resolución, declarando que cualquier acción tomada por estos es nula desde el 2 de enero y advirtiendo de posibles acciones legales. Además, señaló que la extensión de sus mandatos representó un perjuicio económico para el Estado, estimado en al menos un millón de bolivianos por concepto de salarios correspondientes a dos meses.
(Con información de BD)
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